AMLO y empresarios: acuerdos

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De la mafia del poder, a la magia del beisbol: Claudio X. González Laporte, contínua y fuertemente denunciado por Andrés Manuel López Obrador como uno de los más malévolos integrantes de las cúpulas conspiratorias, se dio ayer un abrazo con el candidato presidencial tabasqueño, en un cruce de palabras que ya no fueron de reproches o acusaciones, sino referidas al deporte de los guantes y los bates.

Presidente del consejo de administración de Kimberly Clark en México, fundador y expresidente de lo que fue el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ahora redefinido (en aras del lenguaje políticamente correcto) como Consejo Mexicano de Negocios, González Laporte ha sido mencionado en múltiples ocasiones por el abanderado del partido Morena como parte de la “minoría rapaz”, específicamente como presunto representante y operador de los intereses del expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Pero ayer, diplomático, el empresario al que el político acusaba en enero de este año de financiar una guerra propagandística en su contra, con base en la presunta injerencia rusa en asuntos mexicanos, dijo respecto a AMLO que “tiene la idea de un plan, ahora vamos a verlo en la instrumentación si el primero de julio gana; todavía vamos a ver qué sucede”.

De esa reunión, López Obrador aseguró que salió con “acuerdos”, con entendimientos mutuos. Fueron tres horas matutinas de conversación, luego que el día anterior ese mismo club de máxima densidad empresarial había escuchado a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya, deseosos tales capitales de avizorar el rumbo que podría tener la navegación gubernamental el próximo sexenio, sobre todo si llegara al timón el marino del trópico, ahora tan amoroso y pacífico.

En el ambiente político sobrevolaba aún, a esas horas tempraneras, la versión divulgada por Bloomberg, la compañía estadunidense especializada en noticias, datos y software financiero, en el sentido de que López Obrador exploraba la posibilidad de incorporar a su equipo a Guillermo Ortiz y a Santiago Levy, con la intención de mejorar su imagen de candidato, y probable presidente de la República, ante el escrutinio y la reticencia de una parte de los grandes empresarios.

La versión prendió con rapidez porque desde meses atrás se ha mencionado que López Obrador deseaba que fuera Levy su propuesta para secretario de hacienda, pero compromisos laborales incompatibles con cualquier manoseo de tipo político le impidieron al mencionado Levy aceptar la cartera hipotética que, en todo caso, fue asignada a Carlos Urzúa, quien fue secretario de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México.

Levy y Ortiz han sido compañeros de andanzas en la alta burocracia, como subsecretario y secretario de hacienda, en el tramo que implicó la creación y consolidación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que ha sido señalado por López Obrador como el mayor robo a la nación.

Además, Levy y Ortiz comparten una etérea afiliación a lo que podría ser llamado zedillismo (en realidad, Ernesto Zedillo elude en cuanto le es posible cualquier acto que pueda parecer grupal en la política mexicana), al igual que Esteban Moctezuma Barragán (quien fue secretario de gobernación durante la administración de Zedillo) y Olga Sánchez Cordero, quien llegó a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego que Zedillo realizó una serie de maniobras reformistas en el máximo tribunal del país.

Y, sin embargo, López Obrador declaró ayer que no es cierta la versión difundida por Bloomberg. Reiteró que el propuesto para la secretaría de Hacienda es Urzúa y que él ocupará dicha cartera. Como en otros temas, habrá de verse la evolución respecto a Levy y Ortiz, de quienes en esta ocasión el tabasqueño ha negado que vayan a encargarse de la secretaría mencionada, pero sin rechazar tajantemente que puedan participar en otras áreas de manejo económico y financiero.

Ricardo Anaya Cortés, en tanto, cumplió ayer con una visita a la Universidad Iberoamericana, en su campus Santa Fe. A diferencia de mayo de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asistió a esa universidad en momentos de actividades a plenitud, ahora han pasado los exámenes finales y el movimiento estudiantil es menor. Aún así, hubo una asistencia importante a una conferencia en la que el momento más crítico para el panista fue la sesión de preguntas con el periodista Jorge Ramos.

Para efectos de propaganda resultó muy positiva la sesión, pues a la salida del campus hubo grupos que coreaban presidente (sin la intensidad ni numerosidad mostrada a favor de López Obrador semanas atrás, en el campus regiomontano del Tec de Monterrey), e incluso, esta vez, entre gritos adversos contra Anaya, aunque las grabaciones de los “frentistas” privilegiaron las voces a favor del queretano.

José Antonio Meade Kuribreña visitó, a su vez, la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México, con una asistencia menos numerosa pero, hasta la hora de cerrar esta columna, sin mayores incidentes. Un día antes, Meade había tenido auditorio lleno en San Luis Potosí, gobernado por su excompañero en la administración federal, Juan Manuel Carreras, donde lanzó arengas contra los maestros que no trabajan por andar en las protestas.

El tema del tribunal colegiado que ordenó la creación de una comisión de la verdad y la justicia para el caso Iguala-Ayotzinapa, generó una significativa reacción en medios de comunicación, sobre todo electrónicos, en una condena, a veces rayando en la histeria, del resolutivo de los magistrados, arguyendo que se abren las puertas para la liberación de ciertos “delincuentes” (es decir, los presuntos partícipes materiales en la presunta desaparición por vía ígnea de los 43 estudiantes); tal desequilibrio informativo evita mencionar los actos de delincuencia de Estado que se cometieron para fabricar culpables y “verdades históricas”, con funcionarios como Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ejecutores de actos infractores de la ley pero aún protegidos por el manto sexenal de impunidad. ¡Hasta mañana!