La afrenta no podía quedarse así. El que el exsecretario de Gobierno de Roberto Borge, Gabriel Mendicuti, fuese detenido solo un día después de haber aparecido fotografiado junto al precandidato priista José Antonio Meade fue una ofensa que este último no olvidó.
Era recordarle que se reunió y respaldó a lo más corrupto del priísmo, a un hombre que -ya era sabido- contaba con una orden de aprehensión en su contra. Recordemos que además se reunió con el “creador” de Borge, Félix González Canto.
La venganza se fraguó desde Los Pinos, donde se dio la orden de encarcelar a alguno de los que había estado cerca de Ricardo Anaya, precandidato panista la presidencia y el elegido fue Juan Vergara. El también acudió a apoyar a su candidato y él también apareció en la foto con Anaya.
La detención se dio basada en una orden de aprehensión archivada desde noviembre, que se cumplimentó dos meses y medio después y por actos que corresponden al actuar privado de Vergara durante 2015, antes de ser nombrado en el gabinete estatal de Quintana Roo.
La denuncia del SAT va más encaminada a un asunto de impuestos que a lavado de dinero, lo cual definirá el juez encargado del caso, pero al final de cuentas Juan Vergara fue puesto en libertad tras haber sido detenido acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerarse un delito no grave, por lo que enfrentará el proceso judicial en libertad.
El juez federal negó la prisión preventiva por no contar con los elementos necesarios para ser procesado, por lo cual Vergara podrá reintegrarse a sus actividades proselitistas, aunque será el próximo 11 de febrero cuando el comité directivo nacional del PRD defina su futuro político.
En todo este escándalo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) actuar imparcialmente y sin sesgos partidistas.
Confiaron en que esto no sea una acción contra el gobierno de Carlos Joaquín para intimidarlo e impedir que realice investigaciones contra los borgistas, como lo ha hecho desde que asumió la gubernatura.
Desde su llegada al poder Carlos Joaquín ordenó auditorías en todas las dependencias del gobierno producto de las cuales se han interpuesto diversas demandas ante la Fiscalía estatal. Tan sólo este fin de semana se anunció el descubrimiento de un nuevo desvío por 4 mil millones de pesos.
La investigaciones involucran a más de 80 exfuncionarios de la administración de Roberto Borge, un hecho inédito en Quintana Roo, pues siempre el gobernador entrante se encargaba de cuidarle las espaldas a su antecesor y “maquillar” los daños al erario.
Producto de estas demandas se ha logrado la detención de 10 exfuncionarios, incluyendo al exgobernador Borge, el excandidato a la gubernatura Mauricio Góngora y el exsecretario de Gobierno Gabriel Mendicuti.
