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28 marzo, 2024

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México

El Tribunal que viene… ¿Administrativo o de la Impunidad?

Por Mirador Político. Uno de los principales eslabones del llamado blindaje Borge, fue sin duda la revocación de los magistrados del Tribunal Administrativo que de manera estratégica y seleccionados a modo fueron nombrados por la XIV Legislatura.

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Una exigencia ciudadana fue precisamente revocar todo lo actuado de manera ilegal que se construyó para lograr la impunidad de los colaboradores de Roberto Borge y Félix González.

La XV Legislatura con el compromiso ciudadano y en total transparencia reestructura el Tribunal Administrativo elevando de 3 a 5 magistrados, revocando los nombramientos anteriores e incluyendo las facultades de aplicación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Serán estos nuevos magistrados los cuales deben ser nombrados a más tardar el 21 de diciembre de este año.

Todos los que integran las salas serán los encargados de sancionar a los servidores públicos y particulares inmiscuidos en hechos de corrupción.

Es por esto, que la convocatoria que se lanzó la semana pasada y que cerró el día jueves 5 de diciembre reviste gran importancia ya que en manos de estos nuevos servidores públicos quedará la determinación de la justicia o la impunidad de los servidores públicos.

Importante mencionar que la actual legislatura lleva acabo este proceso de manera pública y con convocatoria abierta para quienes reúnan los requisitos, anteriormente mucho era por fracciones parlamentarias y en total opacidad ya que la designación era solo el cumplimiento de una instrucción del Ejecutivo a los diputados -basta recordar el caso de los consejeros del IDAIPQROO-.

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Este Tribunal sin duda será una pieza fundamental en los próximos años en el combate a la corrupción por ello como ciudadanía debemos estar pendientes de las entrevistas que los diputados realicen y que serán transmitidas a través de las redes sociales en vivo.

Al cierre de esta columna se publicaron los nombres de quienes acudieron a registrarse como aspirantes a magistrados.  En esta lista existen algunos nombres que por simple congruencia y vergüenza no debieron ni siquiera registrarse pues tienen un historial que dista mucho de ser idóneo para garantizar un debido cumplimiento de la ley.

Por mencionar solo algunos casos, puesto que fueron 75 los inscritos. Sorprendentemente y luego de prestarse al blindaje como burla ciudadana los que fueron elegidos magistrados y revocados, presentaron de nuevo sus documentos.

Enlistemos algunos Alejandro Mora Castillo, asesor de Judith Villanueva Diputada de la XIV Legislatura y con una notaría otorgada de manera irregular y que actualmente enfrenta juicio político.

Roberto Agundis, esposo de Lizbeth Encalada y particular de Víctor Vivas magistrado electoral impuesto por Félix.

Algunos magistrados del Poder Judicial que fueron nombrados por la administración anterior y que nada hicieron para frenar la sumisión al Ejecutivo.

Juan Carlos Gálvez estuvo inhabilitado. Carlos España quien siempre ha apoyado abiertamente a un partido político y con graves acusaciones en su actuar como docente.

Ana Teresita Rodríguez cuñada del rector Ángel Rivero y quien fue parte del equipo cercano de Roberto Borge.

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El esposo de Ana Teresita, Gerardo Samaniego que ha sido denunciado por actitudes misóginas y homofóbicas, además de denuncias por violencia doméstica de su exesposa.

La abogada defensora de Samaniego, Gabriela Rojo, quien participó de manera activa como parte del equipo jurídico de Mauricio Góngora y que actualmente tiene su despacho en las instalaciones de Gobierno del Estado en el centro de Chetumal mediante una ocupación ilegal y despojo.

José Nieto quien fuera el subprocurador amigo personal de Roberto Borge.

José Alberto Muñoz Escalante, exmagistrado supernumerario electoral nombrado por Félix González, el exdiputado Marcos Basilo, Alfredo Cuellar impulsado por Carlos Lima,  Harley Sosa actual presidente de la CEDH y que enfrenta juicio político ante el Congreso, la exsubsecretaria de finanzas encargada de la autorización de todos los créditos del Gobierno investigada por ejercicio irregular, Patricia Lima. Maribel Pérez jurídica de Roberto Borge.

Y la lista sigue, lo preocupante es que estos personajes pudieran ser los encargados de aplicar la justicia a las auditorías y sanciones que realice la Secretaría de la Contraloría.

Es decir, ¿en verdad sancionarían a sus familiares directos o a ellos mismos?  ¿En verdad podemos confiar en que los que fueron abogados o colaboradores de Roberto Borge exijan la devolución económica del grave daño patrimonial al Estado?

Como ciudadanía debemos darle seguimiento a estas acciones, participar de manera activa, exigiendo que sean seleccionados los mejores y más imparciales perfiles para ocupar dicho cargo. De otra manera todo el logro conjunto de la eliminación del blindaje Borge, se institucionalizará en un Tribunal de Impunidad Administrativa.

Continuidad…

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