CANCÚN, Quintana Roo.- Las obras del hotel Solaris, que se construyen a un costado de playa Delfines, fueron suspendidas de manera provisional por el ayuntamiento de Benito Juárez, a petición de los regidores Antonio Meckler y Roger Sánchez Nanguse, al considerar que no cuentan con todos los permisos de ley.
Al respecto, el presidente municipal, Remberto Estrada, dijo que está a favor del desarrollo y que la suspensión permitirá conocer si cumple o no con la normatividad vigente.
También añadió que este recurso de revisión que permitió suspender provisionalmente las obras, permitirá verificar asuntos que estaban en duda, como la constancia de uso de suelo, la licencia de construcción que fue emitida en su momento y verificar exhaustivamente cada uno de los procesos que se han dado, en atención a la petición de los regidores y de los propios ciudadanos que han estado en contra de este desarrollo.
Sin embargo, el presidente municipal dijo que su postura es a favor de la construcción y del desarrollo, siempre y cuando sea compatible con el desarrollo sustentable y en apego a la normatividad vigente existente en cada una de las leyes municipales.
Opinan los regidores
El regidor Antonio Meckler explicó que una vez que el Cabildo aprobó la función de dicho predio, tuvo que haber sido registrado ante el Registro Público de la Propiedad en un plazo de 90 días; sin embargo, dejaron pasar 5 años para realizar dicho registro.
Además, dijo que hay una duda fundada respecto a la validez de los documentos, con respecto a la densidad de lo que se permite construir, si es densidad bruta o neta, porque en principio se sabía que tenían posibilidad de construir 180 cuartos sobre el desplante y a partir de ahí los inversionistas tenían que garantizar un espacio de estacionamiento por cada dos habitaciones de las primeras 20, luego una por cada 4 habitaciones.
Por su parte, Roger Sánchez Nanguse, dijo que la principal verificación que harán será sobre el uso de suelo, pero en especial los permisos ambientales, porque considera que no se trata de quitarle espacio a los cancunenses, y si ellos tienen la razón será la ley quién determine si procede o no la obra.
