Jazmín Ramos
CANCÚN, Q. Roo
Abandonados, abusados física o verbalmente, sin ingresos fijos y en ocasiones despojados de sus bienes por los propios hijos, así se encuentran ocho de cada 10 adultos mayores en Quintana Roo, quienes enfrentan un panorama que les imposibilita tener una vida plena, al grado de representar al sector poblacional con el índice de desarrollo social más bajo.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), refieren que 4.9% de los habitantes en el estado es mayor de 60 años, siendo en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad donde se concentran más residentes en ese rango de edad.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval), el número de personas de escasos recursos aumentó en Quintana Roo, colocando a los adultos mayores entre los sectores con más posibilidades de sufrir algún tipo de carencia, siendo la económica y la patrimonial las que destacan.
Al respecto, José Martínez Rodríguez, presidente de la Federación de Adultos Mayores (FAM), indicó que las personas de 60 años o más enfrentan problemas de subsistencia, debido a que no cuentan con una pensión, dependen de los hijos y difícilmente pueden insertarse al mercado laboral ante la falta de oportunidades.
Detalló que aunado a los problemas por no tener ingresos y la negativa del sector patronal para emplearlos, hay quienes viven un infierno con sus familiares, pues suelen ser presa de abusos físicos o psicológicos, incluso, se tienen casos en donde se les prohíbe salir.
Martínez Rodríguez dijo que la realidad que viven los adultos mayores en Quintana Roo no dista de lo que pasa a nivel nacional, quienes sufren todo tipo de vejaciones, de hecho, 16% de este sector ha padecido violaciones a sus derechos humanos, tan es así que un total de un millón y medio está sufriendo maltrato o abuso.
“Lo más triste es que la violencia que sufren las personas de la tercera edad viene de sus propios hijos, pero estas acciones se recrudecen al grado de dejarlos en el abandono; sólo en Benito Juárez se han detectado 40 ancianos en situación de calle, los cuales fueron canalizados a instancias gubernamentales para sus asistencia”, dijo el presidente de la FAM.
Comentó que la mayoría de los ancianos que radican en Quintana Roo provienen de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Ciudad de México, de los cuales, 60% llegó cuando se encontraban activos en el campo laboral, y sólo 40% migró de sus lugares de origen por dependencia económica.
Martínez Rodríguez señaló que generalmente las personas de la tercera edad que viven a cuenta de los hijos, suelen encargarse de las tareas del hogar y el cuidado de los nietos, siempre y cuando no sufran alguna enfermedad que les impida desplazarse; sin embargo, se han detectado familiares que utilizan las malas condiciones de salud de los padres para obligarlos a pedir limosna.
Añadió que otra de las problemáticas en la entidad es que hay ancianos que fueron despojados de sus bienes, pues una vez que dejaron sus lugares de origen, los hijos vendieron sus propiedades y son ellos quienes administran el dinero sin dar cuenta de los gastos a los papás.
También es muy común que los hijos sean quienes manejan el dinero de las pensiones de sus padres, es decir, ejercen una violencia económica, al ser ellos los que determinan en qué gastar los ingresos.
“Existen toda clase de abusos contra los adultos mayores que afectan sus calidad de vida”, agregó.
En ese sentido, lamentó que en el estado no existan políticas públicas enfocadas a empoderar a los adultos mayores, menos aún se les da facilidades para tener acceso a la salud, insertarse al mercado laboral y a la recreación, situación que genera un entorno adverso a su desarrollo.
Por su parte, María Márquez Pérez, presidenta de la Red por la Equidad y Derechos Humanos en Quintana Roo, adelantó que las organizaciones sociales han establecido una agenda de la sociedad civil para que en la próxima administración estatal contemplen acciones en beneficio de los adultos mayores.
Mencionó que en la propuesta buscan que los ancianos tengan facilidades de obtener un empleo, acceso a la salud, capacitación, programas recreativos y, para quienes su condición de salud no les permita valerse por sí mimos, proponen crear un casa de asistencia, además de una figura jurídica que castigue a los que abusen física o psicológicamente contra este sector poblacional.
Márquez Pérez añadió que es lamentable lo que pasa con los adultos mayores, situación que no es privativa del estado, ya que el abuso se da a nivel nacional e internacional, de ahí la urgencia de que los gobierno asuman su responsabilidad y generen las condiciones para mejorar la calidad de vida de este sector, que se encuentra entre los grupos vulnerables.
