Santiago Hernández / Grupo Cantón
CANCÚN, QRoo, 11 de noviembre de 2025.- Un fuerte operativo policial y federal mantuvo sitiadas las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Cancún durante varias horas la noche del lunes 11 de noviembre.
Agentes estatales y federales cercaron el edificio de la supermanzana 24, sobre el circuito Punta Yuquén, con una supuesta orden de aprehensión en contra del líder sindical José Isidro Santamaría Casanova, acusado de presunto homicidio calificado en agravio de su ex colaborador Luis Fernando Peón Cardín, asesinado en 2018.
Fuentes ministeriales confirmaron que la acción derivó de una orden emitida por un juez de control dentro de la carpeta administrativa 660/2025, resultado de la reapertura del caso que, siete años después, vuelve a sacudir al sindicalismo quintanarroense.
El crimen y la investigación
Luis Fernando Peón fue hallado sin vida el 17 de julio de 2018, un día después de un robo dentro del edificio sindical.
Por años el expediente permaneció estancado, hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) retomó las indagatorias señalando a Santamaría como presunto autor intelectual del crimen, por los daños al inmueble por el supuesto delito de robo.
La factura se quiere cobrar a 8 años
Según la acusación, una testigo de identidad reservada declaró recientemente que escuchó al dirigente ordenar la agresión.
Sin embargo, la defensa del líder de la CTM sostiene que la testigo fue coaccionada para firmar declaraciones y que su dicho es falso, pues el área señalada como lugar del crimen estaba acordonada por peritos al momento de los hechos.
Además, aseguran que la Fiscalía ha negado el acceso a la carpeta de investigación 07375/2018, pese a los requerimientos de un juez federal, lo que consideran una violación al derecho de defensa.
Amparo y controversia judicial
Mientras el operativo se ejecutaba, Santamaría obtuvo una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 725/2025, concedida por el juez octavo de distrito, Mario Fernando Gallegos León, tras el pago de una garantía de 20 mil pesos, lo que según dicen las fuentes cercanas al gremio sindical.
La medida frena temporalmente su detención hasta que la justicia federal decida si lo ampara o no frente a la orden de aprehensión.
Familiares de la víctima calificaron el fallo como “una burla a la justicia”. “No se perdió un lápiz, lo desaparecieron y le quitaron la vida a un ser humano”, expresaron.
Tensiones y acusaciones políticas
Desde 2018, la CTM en Cancún ha sido blanco de robos, ataques armados y pugnas internas.
Santamaría denuncia una persecución política y sostiene que los verdaderos responsables del asesinato no han sido investigados.
En conferencia de prensa, dirigentes del sindicato exigieron que el proceso se apegue a la ley y acusaron a la FGE de manipular testigos y ocultar evidencias.
También afirmaron haber solicitado reuniones con el gobierno de Quintana Roo para exponer las irregularidades del caso, sin obtener respuesta.
Mientras tanto, la tensión dentro del gremio crece ante el temor de un vacío de liderazgo y la división entre grupos sindicales.
El desenlace del proceso definirá no sólo el futuro de Santamaría, sino también el equilibrio de poder dentro de la CTM en el estado.
La Fiscalía insiste en que posee pruebas suficientes para proceder por homicidio calificado en su modalidad de inducción, mientras la defensa alega un proceso viciado y políticamente dirigido.
Entre acusaciones cruzadas, presiones judiciales y viejas heridas, el asesinato de Luis Fernando Peón Cardín vuelve a poner a prueba a las instituciones de justicia en Quintana Roo, donde el sindicalismo y la política vuelven a encontrarse en el mismo punto: el de la sospecha y la impunidad.