Jazmín Ramos
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Leonardo Garrillo Hurtado, consideró positivo que Infonavit retome la construcción de unidades habitacionales como anunció el gobierno federal, pues esto permitirá atender el rezago de casas con un costo menor a los 800 mil pesos, las cuales no se construyen desde hace seis años.
En entrevista, explicó que desde la eliminación de los subsidios los desarrolladores dejaron de construir anualmente en Quintana Roo unas diez mil viviendas, es decir que en el anterior sexenio el déficit acumuló 60 mil viviendas a la demanda de casas de interés social, pues fue prácticamente imposible cubrir ese sector.
Ante ello, dijo que el hecho de que el Infonavit busque construir vivienda lejos de ser una competencia para la industria abonará a que vaya reduciendo el déficit, ya que planean atender a los trabajadores que por sus ingresos no pueden adquirir las casas que actualmente se ofertan en el mercado.
“Con la eliminación de los subsidios fue imposible para los desarrolladores construir vivienda de interés social, dado que se está sujeto a la inflación y los constantes cambios del costo de los materiales, principalmente el cemento y el acero, además de que en el caso de Quintana Roo la tierra es cara”.
Añadió que todos estos factores sumaron a que la industria dejara de construir casas de bajo costo; generalmente al año se construían en el estado 18 mil viviendas, pero desde el anterior sexenio las proyecciones anuales se redujeron a ocho mil, dejando de edificar 10 mil unidades.
Esto, explicó, agudizó el rezago de vivienda no solo en Quintana Roo, sino en todo el país, ya que no hay en el mercado vivienda menor a los 800 mil pesos porque no es costeable, entonces existe un sector desatendido; por ello, que el Infonavit proyecte construir casas de bajo costo es positivo para la industria.
Ante ello, refirió que ahora lo que sigue es que el Infonavit contemple la revisión de las políticas crediticias porque hay trabajadores que a pesar de que tienen el poder adquisitivo para adquirir una línea financiera mayor a la que les otorgan, el instituto le pone topes, limitando a los derechohabientes a créditos bajos.
